Juan Manuel Galán, director nacional del Nuevo Liberalismo y excandidato presidencial, radicó el 4 de mayo de 2026 ante la CIDH en Washington una denuncia formal y una solicitud de medida cautelar contra el presidente Gustavo Petro, la exministra de Salud Carolina Corcho y el actual ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, por el deterioro del sistema de salud en Colombia.
La acción jurídica ante la CIDH sostiene que las decisiones del Gobierno Nacional provocaron la muerte de más de 2.500 pacientes con enfermedades huérfanas en el último año y medio, según cifras oficiales citadas en el documento. Además, señala que cientos de ciudadanos adicionales no habrían recibido atención médica oportuna ni acceso a medicamentos esenciales, en lo que Galán calificó como una vulneración grave de derechos fundamentales.
Desde Washington, Galán afirmó: “No más colombianos muertos por la indolencia del Gobierno. He radicado ante la CIDH una solicitud de medida cautelar por la grave crisis del sistema de salud en Colombia. Esta situación ha derivado en la muerte de miles de pacientes y en el deterioro progresivo de la atención médica en el país”. El dirigente político indicó que la denuncia cuenta con el respaldo de organizaciones médicas y asociaciones de pacientes.
Uno de los casos centrales de la denuncia ante la CIDH es el del niño Kevin Acosta, fallecido el 13 de febrero de 2026 tras complicaciones derivadas de su condición de hemofilia. Según la denuncia, el menor habría enfrentado dificultades para acceder oportunamente al tratamiento médico que requería. Galán llevó ante el organismo interamericano el testimonio de la familia de Acosta, junto con otros casos similares, para evidenciar lo que describió como un patrón de fallas estructurales en la atención de pacientes con enfermedades de alto costo.
El documento jurídico advierte que en varias regiones de Colombia el acceso a medicamentos, citas médicas y tratamientos especializados “se ha convertido prácticamente en un privilegio y no en un derecho fundamental”. La denuncia se enmarca en el contexto de la reforma a la salud impulsada por el Gobierno Petro, que el Congreso no aprobó, y de la posterior decisión presidencial de ordenar la liquidación de las EPS en quiebra, anunciada en el Consejo de Ministros del 16 de marzo de 2026.
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Galán y la CIDH: antecedentes de una escalada internacional
Esta no es la primera vez que Galán escala el caso a instancias internacionales. En febrero de 2026, durante un debate televisado, el director del Nuevo Liberalismo anunció su intención de acudir también a la Corte Penal Internacional en La Haya, donde prometió interponer una denuncia por presuntos “crímenes de lesa humanidad” contra Petro, Jaramillo y Corcho. La acción ante la CIDH del 4 de mayo representa la materialización de esa estrategia jurídica internacional.
Galán recordó su trayectoria legislativa como exsenador y destacó que durante su paso por el Congreso impulsó más de 17 leyes, entre ellas la Ley de Enfermedades Huérfanas, orientada a garantizar la protección y atención integral de esa población. La denuncia busca activar los mecanismos de protección del sistema interamericano ante lo que el dirigente describió como una posible crisis humanitaria en el sector.
CIDH y salud en Colombia: qué pidió Galán al organismo
La solicitud de medidas cautelares radicada ante la CIDH busca que el organismo interamericano intervenga para evaluar medidas urgentes que eviten la pérdida de más vidas humanas. “La vida de los pacientes está por encima de la ideología. Por eso hemos venido ante la CIDH a denunciar al Estado colombiano, que representa el presidente Petro como jefe de Estado, para que se logren unas medidas cautelares que permitan intervenir a tiempo”, afirmó Galán según el comunicado del Nuevo Liberalismo.
Qué sigue tras la denuncia de Galán ante la CIDH
La CIDH deberá estudiar la admisibilidad de la denuncia y de la solicitud de medidas cautelares presentadas por Galán. En paralelo, el director del Nuevo Liberalismo advirtió que el próximo Gobierno colombiano deberá asumir un proceso profundo de recuperación institucional y financiera para restablecer un sistema de salud eficiente, sostenible y oportuno. La acción jurídica suma presión internacional al debate sobre el futuro del sistema de salud en Colombia, a pocas semanas de las elecciones presidenciales de 2026.
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