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El Gobierno Nacional expidió este miércoles un decreto que define el sometimiento individual a la Justicia de miembros de bandas armadas como el Clan del Golfo, disidencias de las FARC, “Los Pelusos” y “Los Caparros”, que incluye beneficios jurídicos y socioeconómicos para quienes decidan acogerse.
“Se crean unos incentivos tanto de carácter jurídico como de carácter socioeconómico para estimular la dejación de armas por parte de los miembros de los grupos armados organizados”, afirmó el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, en una declaración a la prensa en la Casa de Nariño, sede de la Presidencia.
En cuanto a los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que deseen someterse a la Justicia, el alto comisionado para la Paz manifestó que la ruta “seguirá siendo la establecida” y podrán “seguir optando por la desmovilización individual” vigente desde 2003.
El Gobierno pretende con esta decisión desmantelar los grupos armados para llegar a una “paz completa” y garantizar la seguridad y defensa nacional en Colombia, que son dos de los pilares del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del presidente Iván Duque.
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Ceballos manifestó que el decreto busca “brindar alternativas de retorno a la legalidad de manera individual fortaleciendo el accionar de la Justicia, colaborando con la misión de la Fiscalía y de la fuerza pública, y con un especial énfasis en la desvinculación de menores de edad que han sido reclutados forzosamente”.
“El decreto incluye de manera integral los derechos de las víctimas, previstos en el procedimiento penal en Colombia y haciendo especial énfasis en el derecho que tienen las víctimas a conocer la verdad”, añadió.
Igualmente, Ceballos detalló que la medida también beneficiará a los familiares de los miembros de los grupos armados que decidan someterse a la Justicia.
“El Gobierno también podrá disponer de condiciones especiales de reclusión para que quienes habiéndose acogido al decreto deban ser privados de la libertad”, apostilló. EFE
