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Un total de 2.875 personas permanecen detenidas por haber violado la cuarentena impuesta para combatir la COVID-19 en Filipinas, cuya respuesta a la pandemia ha sido una de las más estrictas y militarizadas del mundo, según datos de la Policía Nacional.
Estas detenciones están contribuyendo a empeorar las condiciones en las cárceles filipinas, las más congestionadas del mundo al exceder en un 500 % su capacidad y en las que ya se han registrado más de 700 casos de personas infectadas con el coronavirus y decenas de muertes.
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Desde el 17 de marzo hasta el 31 de mayo, la policía arrestó y presentó cargos contra 57.177 filipinos por violar las restricciones de la cuarentena, que incluyeron límites de movilidad, confinamiento estricto y toque de queda.
Hasta 188.348 personas fueron detenidas, de las que 107.794 recibieron una simple advertencia y 23.377 fueron multadas, según datos oficiales de la Policía Nacional divulgados este lunes.
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El presidente Rodrigo Duterte ordenó el confinamiento de todo el país el 17 de marzo, aunque Manila fue confinada el 15 de marzo y no comenzó la desescalada hasta hoy, con lo que ha sufrido de momento la cuarentena más larga del mundo tras Wuhan, un total de 78 días, y una de las más estrictas.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos han denunciado que la militarización de la respuesta a la pandemia implica una ley marcial de facto y ha abonado el terreno a abusos, además de haberse aprovechado para arrestar y hostigar a activistas y líderes sociales.
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Al menos dos conocidos activistas de izquierdas han sido asesinados durante la pandemia, en las provincias de Leyte e Iloilo, mientras que el gobierno instó hoy al Congreso a certificar como urgente la tramitación de una nueva y polémica ley antiterrorista, que en la práctica implicaría la penalización del activismo social. EFE
