Foto: Fiscalía General de la Nación
A través de un comunicado de dos páginas entregado por la Fiscalía General de la Nación, se dio a conocer la medida que logró ante un juzgado de Bogotá para enviar a prisión a tres miembros de la justicia en este departamento y que presuntamente integrarían un entramado de corrupción para favorecer intereses particulares a través del pago ilegal de coimas.
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Dentro de este avance en la investigación, el mismo ente de control entendió que se trata de un “¡Golpe de la Fiscalía en contra de la corrupción!”, tratándose de una historia en la que los tres sindicados por diferentes delitos, se entiende en general, como una presunta red en la que se negociaba con altas sumas de dinero para decidir el proceso y finalización de procesos judiciales en Cesar.
“Los señalados como presuntos integrantes de esta red son: Roberto Carlos Orozco Argote, juez primero promiscuo de Bosconia; Yesith Pallares Aguilar, fiscal sexto delegado ante jueces del circuito penal de ese municipio, y Carlos Ropero Galván, abogado y defensor público”, explicó el director del CTI de la Fiscalía, Alberto Acevedo.
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Dentro del material probatorio que presentó el organismo de control, se encuentran llamadas telefónicas y videos en los que se logra apreciar y escuchar a los presuntos integrantes de la red de corrupción “cuentan el dinero que recibían por su actuar ilegal”; asimismo, se presentaron las denuncias de las víctimas de este supuesto entramado criminal.
¿Cuáles cargos se les imputó a cada uno de los implicados?
- Abogado Ropero Galván: concierto para delinquir, concusión, cohecho por dar u ofrecer, y fraude procesal
- Fiscal Pallares Aguilar: concierto para delinquir, concusión, prevaricato por omisión, prevaricato por acciónm cohecho propio, asesoramiento y otras actividades ilegales
- Juez Orozco Argote: concierto para delinquir, concusión, prevaricato por acciñon y cohecho propio.
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Apenas son dos hechos por los que se investiga a los tres funcionarios judiciales, entendiendo que se dieron a conocer por las denuncias ciudadanas que se presentaron a las autoridades penales correspondientes. El primero de estos casos trata una denuncia por porte ilegal de armas, mientras que el otro consiste en una lucha por el dominio total de un territorio.
