Venezuela utiliza el sistema judicial para sofocar a la disidencia, dicen investigadores de la ONU

Bandera de la ONU - Foto: EFE
Bandera de la ONU - Foto: EFE

 El sistema de justicia de Venezuela ha perpetuado violaciones a los derechos humanos como parte de una política estatal para sofocar a los adversarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro, dijo el jueves un grupo de investigadores de Naciones Unidas.

El informe fue publicado por una misión independiente de investigación de derechos humanos de la ONU, que en 2020 concluyó que el gobierno de Maduro ha cometido violaciones sistemáticas equivalentes a crímenes de lesa humanidad.

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“La Misión tiene motivos razonables para creer que los jueces y fiscales han desempeñado a través de sus actos y omisiones un papel importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por diversos actores del Estado en Venezuela contra opositores supuestos o reales”, señala el informe.

Los investigadores agregaron que tienen motivos para creer que los jueces y fiscales no protegen a las personas que se perciben como adversarios del gobierno de Maduro, debido a que emplean detenciones arbitrarias, privan a los detenidos de su derecho a la defensa y utilizan la prisión preventiva como una medida de rutina en lugar de una medida excepcional.

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El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, rechazó el informe y dijo que los funcionarios de la misión recibieron un “pago” cada uno por 5 millones de dólares del denominado Grupo de Lima para “ofender” a las autoridades judiciales del país sudamericano.

“Hicieron una, un panfleto (…), atacando al sistema de justicia venezolano y ofendiendo a jueces y a fiscales que arriesgamos día a día en medio de circunstancias difíciles, de asedio a nuestro país”, señaló Saab en una declaración difundida por el canal estatal de televisión.

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El Grupo de Lima, establecido en la capital peruana en 2017 y conformado por unos 10 países de la región, buscó promover una salida pacífica a la crisis en Venezuela.

Los aliados de Maduro han descrito informes anteriores de la misión de investigación como campañas de desprestigio impulsadas por Washington, que mantiene un amplio programa de sanciones destinado a obligar a Maduro a abandonar el poder.