Según explicó al JEP, este macrocaso se abre respondiendo a las demandas de verdad de las víctimas y sus organizaciones.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció este martes la apertura del Caso 09, en el que investigará los crímenes contra los pueblos y los territorios étnicos durante el conflicto armado colombiano, que dejó más de 1,3 millones de víctimas, principalmente de homicidio, desplazamiento y desaparición forzada.
“La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP abrió el Caso 09, que investigará los crímenes no amnistiables cometidos contra pueblos y territorios étnicos durante el conflicto armado por parte de integrantes de las FARC y de la fuerza pública, así como otros agentes del Estado y terceros civiles”, dijo la magistrada Belkis Izquierdo en una conferencia de prensa.
La magistrada, que es presidenta de la Sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas de la JEP, detalló que “este caso se abre respondiendo a las demandas de verdad de las víctimas y sus organizaciones”.
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Esas víctimas “resaltaron que las múltiples violencias a las que han sido sometidos los pueblos y territorios étnicos están acentuadas por el racismo y la discriminación, y los han puesto en riesgo de exterminio físico, cultural y espiritual, situación que reconoció la Corte Constitucional desde hace casi dos décadas”.
El caso lleva el nombre de “Crímenes cometidos contra pueblos y territorios étnicos”.
Para investigar el caso, la JEP recibió 435 informes que tienen un componente étnico, de los cuales 177 fueron evaluados por el Grupo de Análisis de la Información (GRAI) para la identificación preliminar de hipótesis de patrones de macrocriminalidad.
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La magistrada Izquierdo explicó que esos documentos cuentan “crímenes y hechos victimizantes como el asesinato de líderes, lideresas y autoridades étnicas”, así como “el desplazamiento forzado de su territorio ancestral y colectivo; la destrucción de los procesos organizativos y de Gobierno propio; la profanación de sitios sagrados, y la destrucción de ecosistemas, entre otras conductas”.
También describen “los daños graves, diferenciados y desproporcionados que destruyeron las condiciones de vida y existencia, comprometieron la pervivencia física, cultural y espiritual de los pueblos étnicos”, y reivindican “derechos colectivos, individuales y territoriales”.
“Tras el análisis se encontró que existe un universo provisional de 1.350.181 víctimas con pertenencia étnica, cuyo hecho victimizante más documentado es el desplazamiento forzado, seguido del homicidio y la desaparición forzada”, detalló Izquierdo.
