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Las denuncias por parte de los pobladores de ciertos territorios donde persisten los cultivos ilícitos en la ruralidad nacional, permanecen en contra de algunas acciones que emprenden los miembros de la Fuerza Pública, pues aseguran que existe un presunto abuso policial en contra de la comunidad.
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Por dicha razón, la Defensoría del Pueblo extendió operaciones de observación y documentación para verificar que dichos procedimientos en los que las autoridades nacionales buscan la erradicación de estos cultivos, puedan desarrollarse sin ninguna afectación en contra de los uniformados o de la comunidad.
La polémica por la que permanecen algunas luchas entre los actores involucrados en estas operaciones de erradicación permanece porque algunos campesinos cultivadores no quieren que se les retire su único ingreso económico; mientras que las autoridades entienden que este tipo de economías ilegales no pueden continuar operando.
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Ahora bien, el defensor del Pueblo, Carlos Negret, entendió que existe otro factor de gran impacto en estas operaciones, pues se identificó que miembros de los grupos armados ilegales motivan e inclusive, extorsionan a la comunidad campesina para que se opongan a la erradicación y emprendan la lucha por la defensa de estos cultivos.
Frente a esta polémica, desde la entidad se pidió un mayor control en este tipo de actividades, para que se puedan desarrollar dentro de procesos de diálogo consensuado entre los pobladores y los uniformados de la Fuerza Pública, para que dichas operaciones se puedan realizar, pero velando por la seguridad física y económica de todos los involucrados.
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Del mismo modo, la Defensoría del Pueblo eleva la preocupación porque en algunos territorios se sigue presentando este tipo de actividades económicas como un ingreso fundamental de dinero para las familias, haciendo un llamado a las autoridades nacionales para que se realicen más protocolos para favorecer a las comunidades rurales, con respecto a este tema.
“La producción de drogas ilícitas y especialmente su cultivo, no es un medio adecuado ni efectivo para garantizar el derecho a la alimentación ni a la vida digna de las comunidades rurales del país. Por el contrario, es un medio que asegura y profundiza la inequidad, la pobreza y la violencia”, se lee en el comunicado.
